Ahora que aún estamos en campaña electoral en nuestra región es momento de recordar las cuestiones que diversas empresas que forman el sector industrial andaluz llevan pidiendo a la Junta de Andalucía en los últimos tiempos.
Desde el sector minero, por ejemplo, constantemente se recuerda a “lo político”, que se trata de un sector muy importante, de pasado, presente y, sobre todo, futuro; que emplea a más de 20.000 personas, directa o indirectamente y que en los últimos años se han invertido más de 4.500 millones de euros en Andalucía, creándose más de 2.000 empleos directos y otros 8.000 indirectos. De hecho, la patronal minera andaluza (AMINER) recientemente ha publicado unos datos que reflejan la fuerza de la minería metálica andaluza que facturó 4.000 millones de euros en 2021, un 33% más que en 2020, situándose las exportaciones del sector en 2.000 millones de euros. Son unos números para tener en cuenta, y un sector a considerar pues como señaló hace unos días el CEO de una de las mayores empresas mineras del mundo “El 45% de la economía mundial, de su actividad, está impulsada por el sector minero”.
Y a pesar de estos buenos resultados para Andalucía, y la potencialidad de los proyectos de investigación en marcha que darán lugar a que, si todo se hace bien, se abran nuevas explotaciones, el sector ve con preocupación una cierta falta de impulso político a una actividad esencial para lograr la tan ansiada transición energética en la lucha contra el cambio climático. Además, las dificultades administrativas internas motivada por el cambio “a mitad de partido” de las competencias mineras desde una Consejería (la de Hacienda) a otra (la de Economía) se están traduciendo en cierto retraso en la obtención de los permisos que se tramitan ante la Administración y que de no solucionarse en la siguiente legislatura podría suponer la pérdida de una oportunidad histórica para mejorar el desarrollo social y económico de nuestra región.
El sector necesita un liderazgo político claro, que potencie la minería como una competencia trasversal que afecta a otras áreas de gobierno, como la energía, el medio ambiente, la planificación hídrica, la ordenación de territorio y el urbanismo. Para ello, nada mejor que utilizar, de una vez por todas, la planificación sectorial minera con ambición y eficacia, otorgándole lo que prevé la legislación, su carácter vinculante como instrumento de ordenación del territorio. En nada ayuda al desarrollo industrial la creación de cada vez más compartimentos estancos, en que cada regulación y Administración no está coordinada con las demás.
Hace poco me comentaron que la creación de nuevas Comisiones interdepartamentales compuesta por hasta 11 Directores Generales no termina de ser una solución práctica para solucionar los problemas endémicos del sector. Conocido es el dicho atribuido a Napoleón Bonaparte “si quieres que algo no funcione… crea una Comisión”.
En el sector de la industria de defensa, otro ejemplo, en donde Andalucía es la única Comunidad Autónoma con instalaciones fabriles de Tierra, Mar y Aire que generan más de 20.000 empleos (lo que supone un 9,4% del total industrial andaluz), las empresas del sector han solicitado a la Junta de Andalucía el apoyo al sector con presencia institucional firme en Bruselas y el desarrollo de la Formación Dual que ayude a las más de 300 empresas auxiliares que conforman el tejido industrial de Defensa andaluz. Esta próxima legislatura deberá ser en la que la Junta se fije como objetivo influir más en Europa para mejorar las políticas industriales que favorezcan al empleo en nuestra Comunidad.
O la industria de ascensor, un sector de 79.500 millones de euros a nivel mundial y 820.000 empleados en total, en el que en Andalucía se facturan cerca de 500 millones de euros, empleando a más de 4.000 personas en nuestra Comunidad. Este sector también tiene sus necesidades detectadas a cubrir por la Junta: clarificación en cuanto a los instrumentos de financiación para investigación y desarrollo; apoyo a la Formación Dual (otra vez); facilitación de medidas de rehabilitación de edificios, con simplificación administrativa y herramientas de financiación fáciles de obtener por propietarios, o medidas de contratación pública que apoye a las empresas locales para la instalación de aparatos elevadores en edificios administrativos.
Algunos de estos temas fueron tratados en una Jornada organizada por CESUR, la Asociación de empresas y empresarios de Sur de España, y que llevaba por título “Por una Política Industrial Eficiente y Sostenible”.
En la mesa redonda que tuve ocasión de participar “La Política Industrial que reclaman las empresas”, se trató una cuestión interesante: la calificación de un sector como estratégico debe estar basado en criterios objetivos no ideológicos, tales como la creación de empleo de calidad (número de titulados de grado superior, contratos indefinidos, nivel de empleo directo, indirecto e inducido), la mejora de la renta per cápita y balanza comercial, la creación de valor añadido e innovación y los ingresos fiscales.
En particular, en dicha mesa redonda se trataron las líneas de actuación necesarias para ejecutar las reformas estructurales que Andalucía necesita: fiscalidad, simplificación administrativa, nuevas infraestructuras, herramientas financieras más ágiles y fáciles, un modelo de gestión a largo plazo, potenciar la colaboración empresarial, favorecer la internacionalización y apoyar tanto la capacitación como la innovación de las empresas andaluzas.
Han pasado 2 años desde aquella jornada, y pese a que en algo se ha avanzado, son peticiones plenamente vigentes para el nuevo gobierno que se forme tras las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía del 19 de junio de 2022. Todos sabemos que “Roma no se construyó en un día”, pero dentro de nuestra responsabilidad como ciudadanos está el pedir a la Administración y al Gobierno, al menos, un calendario en la ejecución de los trabajos, de manera que podamos rendir cuentas dentro de 4 años. Es esencial saber lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y lo que ni siquiera se está haciendo (ni se va a hacer), y conocer las razones por si la sociedad civil y las empresas pueden ayudar de alguna forma.
Pedro Jiménez Rodríguez
Abogado
Socio de Vrivm Legal SLP
